¿Por qué después de nueve meses de debate y más de un año de estar cajoneada la ley provincial de bosques nativos se aprueba ahora? ¿Por qué despierta tanto rechazo por parte de organizaciones ambientalistas? Enterate qué hay detrás de la ley y por qué su sanción significa el triunfo de intereses poderosos El pasado viernes, Greenpeace denunció que la ley aprobada viola la Ley Nacional de Bosques Nativos y pone en peligro los últimos bosques autóctonos que quedan en la provincia de Córdoba. Recordemos que nuestra provincia posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales tiempo atrás el 70 por ciento era bosque nativo; hoy sólo queda el 5 por ciento que representan sólo 600.000 hectáreas de estas reservas naturales.
El pasado 6 de agosto, los ambientalistas señalaron en un comunicado de prensa al gobernador Schiaretti y a los legisladores que aprobaron los cambios en la ley de bosques provincial como “responsables del atropello a la ley nacional, y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general”.
Para entender un poco el tema, hay que saber que el texto de la ley original fue formulado en primera instancia por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) de la Legislatura. Científicos de la Universidad Nacional de Córdoba, campesinos, y ambientalistas apoyaron y trabajaron en esta legislación.
La ley original buscaba arbitrar o al menos buscar un equilibrio entre los intereses encontrados entorno a los bosques nativos: los defensores del medio ambiente buscaban proteger el 5 por ciento de los bosques nativos de la tala; en tanto que los productores pedían mayor libertad para desmontar y dedicar esos terrenos a la expansión de la franja agrícola, es decir a la siembra de diversos cultivos entre ellos la soja.
El texto de la ley diseñada por la COTBN establecía “el ordenamiento territorial de las zonas boscosas en función del análisis de 10 criterios ambientales, económicos, y sociales; y agregaba que esta instancia debía ser más participativa”. O sea, a la hora de presentarse algún proyecto de explotación en los terrenos protegidos, serían los ciudadanos quienes debían debatir y analizar la propuesta.
El documento fue modificado durante los primeros días de agosto, luego de nueve meses de debate y un año de cajonamiento de la ley, por la Comisión de Asuntos Ecológicos, presidida por el oficialista Marcelo Falo. ¿Por qué ahora? Sin mayor tiempo para el análisis de las reformas a la ley, convenía aprobar la ordenanza antes del 11 de agosto para que la Provincia aproveche los beneficios fiscales que otorgará la Nación.
Algo muy importante para destacar, es que la ley modificada por la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos, contemplado en el texto original, por lo que ya no se obligaría a la autoridad de aplicación a convocar a audiencia pública en caso de solicitud de desmonte. O sea, obstaculiza todo intento de control de los ciudadanos y su participación en temas inherentes a las áreas naturales protegidas frente al avance del desmonte.
Según Greenpeace, el documento generado por la CAE reduce al menos de la mitad las zonas a proteger en comparación con el proyecto de ley inicial elaborado por la COTBN, e incluir la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección contempladas en la ley nacional. Además, excluye de las zonas protegidas a la zona norte que comprende a la laguna Mar Chiquita, que es una reserva protegida a nivel mundial por ser hábitat de aves migratorias.
Otra de las acciones de la comitiva presidida por Falo, fue hacer lugar al pedido del sector agropecuario con la inclusión de la categoría de “aprovechamiento sustentable”, lo cual permitirá la explotación de sectores incluido en la zona roja de las áreas protegidas.
¿Representantes de la sociedad?
La polémica legislación provincial que busca reglamentar el ordenamiento de bosques nativos de la provincia de Córdoba fue aprobada con los votos de Unión por Córdoba (UPC), la Unión Cívica Radical (UCR), los bloques unipersonales de José Maiocco, José Villena, Raúl Albarracín y Kasem Dandach; y algunos representantes del Frente Cívico.
Entre las filas de quienes se opusieron a su sanción se encuentran los legisladores de los bloques de Concertación Plural (CP), Peronismo Militante, ARI, Izquierda Socialista y Frente para la Victoria.
Un panorama desolador fue la escasa participación de la ciudadanía durante el debate de la ley, esto se evidenció en el número de manifestantes que expresaron su rechazo a los cambios en el texto de proyecto. De un millón de habitantes que hay en la ciudad de Córdoba, sólo 50 cordobeses le dijeron no a la entrega de nuestras reservas naturales.
Otra mención merece la falta de tratamiento y debate, como así también la no indagación con la que los medios de comunicación cordobeses pusieron un manto de silencio sobre la verdadera discusión en la Unicameral. Lejos de informar e invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho de pronunciarse a favor o en contra de lo que estaba sucediendo en el recinto de los legisladores, coparon la agenda mediática con otros temas.
Aún queda la esperanza de que la ley sea declarada “inconstitucional” porque se superpone a la ordenanza nacional de Presupuestos Mínimos, dentro de la ley nacional de bosques nativos, debido a que por principio constitucional, una ley provincial no puede legislar por debajo de una norma nacional. Claramente, la ley provincial se superpone a la nacional en algunos de sus puntos.
Por Laura Cabrera
