Movilizados por inseguridad: El asesinato de Norma Ontivero fue el disparador que desató la furia de los vecinos que tuvo su expresión más contundente en la marcha realizada el 24 de marzo, y posteriormente en tres reuniones con autoridades de la Seccional 5º y representantes de la Policía Judicial.
Cansancio, impotencia, dolor; todo se mezcló en un cóctel explosivo que movilizó a los vecinos a pedir por mayor seguridad. Los días que siguieron fueron una sucesión de reuniones, y esperanza tras cada una de ellas de ver mejoras y aún están esperando. Fue una verdadera epopeya, en la que tomaron partido autoridades policiales de la Comisaría 5º, Policía Judicial, y una fugaz presencia de un funcionario municipal.
La crónica de las tres reuniones que se sucedieron después da cuenta de los intentos de una comunidad que no quiere seguir lamentando pérdida de vidas humanas para reaccionar. Más allá de los hechos delictivos el estado edilicio del barrio también llama la atención: falta de alumbrado público en vastos sectores, mal estado de las plazas que ya representan un riesgos para los niños que juegan en ellas, problema con las cloacas, y baldíos con yuyales devenidos en basurales.
Esta verdadera saga protagonizada por los habitantes de San Vicente no sólo es un pedido de respuestas como ciudadanos, sino que también es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos para poder reclamar lo que corresponde. En las tres convocatorias de participación ciudadana se reflejó la falta de información para saber cómo actuar en cada caso, dónde hacer correctamente las denuncia por robos, cómo actuar en el caso de tener información sobre tráfico de drogas; y lo fundamental que es saber a quién reclamar en cada caso.
En la primera reunión realizada el 5 de abril, al menos 60 vecinos de los barrios Altamira, San Vicente, Müller y otros sectores se dieron cita en el Centro Cultural San Vicente, donde asistieron Fredy Magallanes, funcionario del área de Subsecretaría de Protección al Ciudadano dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y el comisario Juan Daniel Reynafé, responsable de la Seccional 5º.
En este primer acercamiento, las autoridades intentaban hacer un diagnóstico de la situación para planificar el trabajo en función de los recursos disponibles y reforzar la seguridad en la zona. Pero se encontraron con un alto nivel de insatisfacción por problemas que no sólo afectaban el desempeño policial, por lo que fue necesaria una segunda instancia de diálogo con funcionarios municipales, de la Policía Judicial, y demás mandos de la Comisaría.
En la oportunidad muchos hablaron de la impunidad con la que se robaba en las calles amparados en la falta de iluminación, de la existencia de zonas rojas, de la percepción de los vecinos de un aumento generalizado de robos, el peligro constante del narcotráfico y sus crímenes impunes; y hasta de la posibilidad de contar con un concejal que escuche los problemas de estos residentes.
“Los domingos esto es tierra de nadie, no hay ningún móvil policial”, manifestó indignado uno de los asistentes, acto seguido una docente advirtió con preocupación sobre tiroteos frente al IPEM 15 en plena hora de clases. Otros coterráneos apuntaron algunas de las calles más peligrosas y la falta de presencia policial; además aclararon que no confían en las alarmas comunitarias y que en muchos casos no se denuncian los robos porque “existe la sensación de que no se hace nada”.
Otro de los participantes pidió mayor compromiso con los ciudadanos. “El político, el funcionario, el policía tienen que comprometerse, dejar el sillón” y pidió explicaciones por la lentitud del accionar policial.
El Crio. Reynafé reconoció que actualmente no se cuenta con los recursos necesarios para dar una mayor respuesta en materia de prevención, la seccional dispone de 10 móviles para actuar en el área comprendida por los barrios del sector sureste de la ciudad de Córdoba.
A pesar de los reclamos, parte de los presentes recordaron que la delincuencia es un problema social: “Falta educación y trabajo, sólo cuando se haga algo por esto bajarán los índices delictivos”, dijo la ex directora de uno de los colegios de la zona, y agregó “no sólo estamos enrejando las puertas de nuestras casas, también nuestras cabezas, ya no nos sentimos libres”.
Por último, y ante la falta de propuestas para dar solución tanto al aumento de robos en el lugar como a la demanda de acciones concretas contra el narcotráfico, solicitaron la presencia de Policía Judicial, Municipalidad de Córdoba, y dieron plazo al Crio. Reynafé para comprobar el refuerzo del trabajo policial en las calles.
Segunda reunión: Presencia municipalEl día 12 de abril asistieron al Centro Cultural Fredy Magallanes, Crio. Reynafé, Crio. Inspector Daniel Grigan, Crio. Mayor Ceballos, entre otros; y el subdirector de Obras Viales, Oscar Heredia, quien asistió en representación de la Subsecretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, dependiente de Omar Grenat.
Horas de tensión y desencuentros, se habla de la suciedad de las calles, la necesidad de alumbrado público, de mantenimiento y de irregularidades en materia de infraestructura. Además, también notifican sus problemas quienes viven en cercanías al Club Sargento Cabral con respecto a sus necesidades de refuerzo policial los fines de semana. Piden controles de Espectáculos Públicos en el local, y de alcoholemia para la gente que sale del baile y que se conduce en vehículos o motos. Otro vecino pidió a la Municipalidad poda de eucaliptos en Ambrosio Funes frente al Colegio Grecia, y que se verifique el desagüe en Junín y Costanera.
Heredia escucha atentamente la exposición de cada uno de los interlocutores, explica cada caso, ofrece una solución: Pedirán que el encargado de Alumbrado Público, Eduardo Gómez, recorra las calles con los vecinos junto a la responsable de Espacios Verdes, Liliana Zalazar, y de Higiene Urbana, Jorge Blanco, para corroborar también el estado de muchos baldíos y terrenos con altos yuyos que se convierten en focos de infección por presencia de basurales.
“Hay un presupuesto de 5 millones de pesos para alumbrado público pero está mal organizada la parte operativa”, explicó el funcionario y agregó que hay un paquete de horas extras para comenzar a trabajar en la zona los fines de semana.
Los vecinos autoconvocados estaban preparados para la ocasión, días atrás juntaron firmas para podar árboles, pedir más alumbrado público y que arreglen las plazas del barrio, por lo que aprovechando la oportunidad acercaron al representante municipal una encuesta realizada que revela los sectores del barrio que necesitan más iluminación.
A su turno, Reynafé dijo que llevan estadísticas sobre los sectores más afectados por la inseguridad, por eso se pide a los vecinos que denuncien. Para demostrar que en los últimos siete días se reforzaron las acciones en la zona y dar contundencia a lo expuesto por su colega, Grigan difundió las últimas cifras arrojadas: 61 personas detenidas en calle, 42 secuestros de drogas, y vehículos robados o en situación de infracción. Acto seguido, se explicó al público que se sumaron más infantes y móviles para prevención.
Nadie se conforma con esto, los vecinos señalan la falta de tacto y discreción con los datos del denunciante. Tienen temor por represalias, a pesar de que los sumarios son secretos muchas veces los policías llevaron al sospechoso ya detenido hasta el domicilio del denunciante para preguntar si era la persona indicada; además la gente comenta que en ocasiones de robo han denunciado a agentes adicionales, apostados en ciertos lugares del barrio que les han manifestado que no pueden moverse del sitio asignado.
“Cuando haya este tipo de irregularidades deben informarse a la comisaría porque los agentes no deben dar ningún tipo de connotación acerca de la persona que realiza la denuncia”, advirtió el Crio. Mayor Ceballos.
Por último, los vecinos piden una tercera reunión con la presencia del Poder Judicial para no obstaculizar las gestiones del resto de los poderes, u organismos de aplicación. Desde la Subsecretaría de Protección al Ciudadano se informó a los presentes que notificó al director General de Policía Judicial, Federico Storni, y de la Policía Federal pero no asistieron.
¿La tercera es la vencida?Lunes 19 de abril, tercer reunión de vecinos autoconvocados con autoridades provinciales. La novedad principal es el gran faltazo de las autoridades municipales y las promesas incumplidas del ingeniero Heredia.
Con ironía, uno de los asistentes expresó: “Faltaba luz en Sargento Cabral y cuando llegó el fin de semana, pusieron las luminarias en ese sector luego de la presencia de Heredia en el Centro Cultural”.
La mayoría de los vecinos que concurrieron en las reuniones anteriores, tal vez por cansancio o por bronca, faltaron a este tercer encuentro que a pesar del mal augurio por el faltazo municipal tuvo una novedad con la llegada de integrantes de la Policía Judicial.
Además de Crio Ceballos, personal del Departamento de Coordinación Comunitaria, Magallanes, Crio. Reynafé, asistieron el Dr. Claudio Masucci, Dr. Martín Berger, y la Dra. Cristina Giordano, de la Dirección de Policía Judicial dependiente de Fiscalía de Estado.
Manifestaron nuevamente que los hechos delictivos que sufren los vecinos configuran una verdadera realidad de inseguridad y no una “sensación”, y señalaron que la gente tiene temor a la hora de denunciar, especialmente con respecto a la venta de drogas.
“El nexo con la Policía y el trabajo es diario. El problema de la droga es del ámbito federal pero también nos atañe porque diariamente se cometen ilícitos en este sentido”, aclaró el Crio. Ceballos y explicó cuáles son las líneas habilitadas en Policía Federal para hacer denuncias anónimas sobre narcotráfico.
Además, el Crio. Mayor informó a los presentes que existe un proyecto en la Unicameral para establecer comisarías modelo, y designar inmuebles de la Provincia, recursos humanos y tecnológicos para tal motivo. También adelantó que a mediados de este año habrá una licitación por 80 móviles policiales y que han ingresado 1400 jóvenes a instruirse en el servicio policial.
“La gente tiene mucha desconfianza en la Policía”, dijo un hombre que pidió la palabra para dirigirse a Policía Judicial y preguntó cómo se puede hacer para agilizar el accionar policial.
“En Córdoba hay 110.000 delitos anuales, todos los días la fiscal (en alusión a la Dra. Giordano) analiza con la Policía los casos y hace el trabajo de inteligencia, todos los días se trabaja para recaudar pruebas y poder procesar las denuncias. Nos van a parecer tiempos eternos, pero éstas instancias deben cumplirse desde el momento en que una persona entra a una comisaría por un robo u otro ilícito”, respondió Masucci.
“En muchos casos, los delitos de robo calificado disminuyen y aumentan los robos simples – continuó el dependiente de la Fiscalía - esto quiere decir que la tarea de prevención policial da resultados y que la persona que delinque busca otras formas de continuar cometiendo el ilícito. Pero no es que hayan muchos más delincuentes sueltos, sino que a mayor presencia policial cambian su modalidad”.
No hubo respuesta al pedido de vigilancia de algunas calles, como en el caso de Junín y Juan Rodríguez; continúan sintiéndose desprotegidos y sin respuestas por el arreglo de luminarias que hacen también a la seguridad. Piden iluminación municipal en los lugares donde la Policía tiene cámaras.
Al cierre de esta edición, los vecinos habían acordado analizar las respuestas obtenidas por las autoridades en un cuarto intermedio pero algo que quedó en evidencia en la última convocatoria es que algo se está gestando en San Vicente; quizás el nacimiento de una nueva ciudadanía que no se queda de brazos cruzados y construye una verdadera cultura de participación para no tener que lamentar más.
